La Ley de Inteligencia en Ecuador, aprobada el 11 de junio de 2025 ha generado una ola de preocupación entre ciudadanos, periodistas, activistas, juristas y políticos. Alexandra Castillo, exasambleísta y exmiembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), advierte sobre los peligros que representa esta normativa para los derechos fundamentales, como la privacidad y la libertad de expresión.
¿Qué establece la nueva Ley de Inteligencia en Ecuador?
La normativa, discutida en primera instancia por la Asamblea anterior, fue modificada radicalmente en su versión final. Según Castillo, ahora se permite la intervención de teléfonos, correos electrónicos, chat y documentos sin orden judicial, lo que abre la puerta a una vigilancia en Ecuador masiva, y sin control.
“Ahora no hay una limitación. Puedes ser investigado sin saberlo, sin orden judicial, solo por una sospecha”, expresó la exlegisladora»
Este cambio representa una regresión alarmante en el respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos. Además, la ley no contempla control por parte de entes reguladores como la Contraloría General del estado.
Riesgos de persecución política
Uno de los principales temores expuestos por Castillo es que esta Ley de inteligencia en ecuador pueda ser utilizada para vigilar opositores políticos, periodistas y activistas, es decir, a cualquiera que no esté alineado al Gobierno.
“Va a permitir persecuciones como en los tiempos de la CENAIN. El
gobiernopuede investigar a cualquiera que piense distinto”, alertó.
También indicó que el Comité Nacional de Inteligencia no rinde cuentas y no está claro quién lo conforma, lo cual aumenta la opacidad y los riesgos de abuso.
¿Y la libertad de expresión?
La ley también impacta de forma directa a los medios de comunicación, especialmente al periodismo investigativo. Para Castillo, esta norma actúa como una mordaza legal que puede obstaculizar investigaciones sobre corrupción o abusos de poder.
“La prensa va a tener que tener mucho cuidado. Esta ley puede ser usada para silenciar denuncias”, enfatizó.
Esto representa un golpe al derecho ciudadano a estar informado, base fundamental de toda democracia.
¿Por qué se cambió la ley?
Castillo señala que los cambios introducidos no se ajustan al proyecto original discutido en la Comisión de seguridad, de la cual se fue parte. Afirma que el objetivo responden a una estrategia del gobierno para concentrar el poder en todas las instituciones clave del país, incluyendo el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía.
“El gobierno quiere acaparar todo el poder. Ya lo hemos visto en cómo se mueven las fichas políticas dentro del Estado”, aseguró.
¿Qué hacer ante esta ley?
La Ley de Inteligencia en Ecuador no solo pone en riesgo nuestra privacidad en Ecuador, sino que también amenaza la esencia misma de nuestra democracia en Ecuador. Es necesario exigir transparencia, control institucional y revisar la La Ley de Inteligencia en ecuador y la constitucionalidad de la normativa.
